La mentira de la legalización

Mazo y libro

Artículo escrito para la Revista Cáñamo

 

Hoy en día, los argumentos expuestos por la mayoría de antiprohibicionistas dentro de los diferentes frentes en los que se abren debates sobre la “legalización”, incluyen numerosas cesiones al poder público que Thomas Szasz critica duramente en las páginas que analizo a continuación. Sé que gente bienintencionada de diferentes federaciones y plataformas cannábicas leerá ésto y sentirá atacadas algunas de sus posturas. También soy consciente que mayoritariamente la sociedad está acostumbrada a escuchar unos discursos tendiendo a argumentar en base a las consecuencias y no a los principios. Con lo que, al final, lo pragmático para alcanzar objetivos políticos a corto y medio plazo acaba siendo adecuar el mensaje a lo que es capaz de encajar el ciudadano medio con premisas que procederé a atacar.

No obstante, creo que debemos entender lo que significa renunciar y traspasar ciertas parcelas nuevas que hemos abierto en nuestras vidas para querer alcanzar otras. Esto es, todas las cesiones que haremos en forma de modernas regulaciones a un poder que a partir de ahora tendrá el derecho a inmiscuirse en asuntos que nos eran propios en la alegalidad y que venderemos a cambio de recuperar algo que nunca debió sernos arrebatado: Nuestro derecho a las drogas.

Después de rumiar durante unos días si debía o no enviar este artículo, he llegado a la conclusión que era necesario hacer un breve alto y reflexionar en el proceso de legalización que estamos llevando a cabo. Espero que no os sintais muy ofendidos o que, al menos, disfrutéis del enfoque diferente que os ofrezco guiado por T. Szasz.

  • La legalidad debe empezar bajo supervisión del Estado

“…el debate actual sobre drogas se basa en la incuestionable premisa de aceptar la legitimidad de las leyes antidroga, cuyo objetivo manifiesto es proteger a adultos legalmente capacitados de sus propias decisiones sobre el uso de determinadas drogas. Se defiende que revocar las leyes antidroga no es una opción legítima. La legalización de las drogas, sí.” Thomas Szasz. Hubo un tiempo en el que el gobierno estadounidense (al igual que el nuestro en muchos ámbitos) no tenía legitimidad para tratar a sus ciudadanos como unos niños irresponsables, sino como agentes morales adultos. El motivo tal vez nos sorprenda: suponer que el gobierno era nuestro sirviente, no nuestro amo.

Todo eso hace tiempo que ya pasó, al menos, en lo que se refiere a la responsabilidad que, con renovada legitimidad después de un siglo de prohibición, ocupa el Estado en el consumo de drogas. Es por ello que hemos caído en el pecado de suponer, ignorando el principio de presunción a la libertad “in dubio pro libertate”, que lo debatible no es si el gobierno tiene o no legitimidad para vigilar las drogas, sino cuáles deben prohibirse totalmente, cuáles deben controlarse y cómo.

El resultado: los partidarios y críticos con la Guerra contra las Drogas rivalizan entre sí defendiendo el control estatal en el mercado de drogas. Unos cuantos (por suerte pocos) abogan por más recursos policiales para promover una propaganda más exhaustiva y una persecución más intensa, mientras otros tantos piden más supervisión, educación, control en la producción, distribución y consumo aunque también demandando menos criminalización.

“¿Qué proponen los “legalizadores de drogas”? Como ya deberíamos prever, proponen un esquema de supervisión estatal, una u otra forma de distribución estatal de las drogas hoy prohibidas.”

“… Sin embargo, tales medidas no son métodos para transformar un producto ilegal en uno legal; son métodos para la burocratización, medicalización y politización del mercado, no para su liberación.”

  • Las dificultades argumentativas de los legalizadores

Si bien acabamos de ver como partidarios de la legalización y partidarios de la prohibición se arropan en encomendarse a una supervisión estatal paternal, podríamos coincidir que, en principio, una legalización sometida a una burocracia extensa será mejor que una prohibición absoluta. Ahora bien, si presumimos que hay fallos en las premisas de los prohibicionistas y ambos colectivos parten del mismo supuesto pro-control público ¿existirán fallos argumentativos en las reclamaciones de los legalizadores que puedan ser aprovechados por los mismos prohibicionistas?

Extracto del capítulo:
“El legalizador típico recalca así que la marihuana es menos dañina que el tabaco, o que es eficaz en el tratamiento del glaucoma, luego mantiene que su uso, al menos para determinados propósitos, debería ser legal.”

Quienquiera que haya examinado un poco debates entorno a la legalización de la marihuana, habrá escuchado en algún momento las propiedades curativas que esta droga ofrece. Si bien resultan ciertas, y en muchos casos los lobbies que han conseguido empujar la legalización en ciertos lugares se han amparado en tales virtudes, al escudarse en esos motivos y no en otros más sólidos, se construyen dos varas de medir que acaban resultando funestas cuando se someten a juicios comparativos, a saber: el daño y la facultad curativa miden la “cantidad” de prohibición que debe haber en las diferentes drogas.
Y es que, aunque el potencial dañino de la marihuana es supuestamente débil, no es cierto que el principio del daño o el de las propiedades medicinales resulten determinantes a la hora de valorar la razonabilidad del control público que debe imperar sobre la totalidad de las drogas puesto que, de momento, otros principios como el de libertad y el de propiedad están aún arraigados ampliamente en la población chocando frontalmente con los primeros más débiles. ¿Por qué iban a estar legalizados sino el alcohol y el tabaco si la vara de medir correcta fuesen las propiedades curativas o el daño?

El legalizador que se escude en los principios del daño y de las propiedades curativas se expone, irremediablemente, a poder ser acusado comparativamente de poder querer aumentar un control más estricto entorno al alcohol y al tabaco pasando por encima de derechos inexorablemente insertos en personas dignas de llamarse libres. Deberá entonces, si es que quiere mantener esas excusas como válidas, buscar otras varas de medir superpuestas que disculpen el error que supone calibrar la prohibición según cualidades que pueden molestar a bebedores y fumadores (de tabaco) que aprecien su libertad para consumir o, si los asumen hasta las últimas consecuencias, evolucionar en una nueva forma de prohibicionista cuya lucha para conseguir el acceso legal a unas determinadas drogas alimente nuevos pretextos que puedan arrebatar el derecho a adultos responsables para consumir otras drogas con características diferentes.

Entregarse a subterfugios débiles podrá hacer vencer a algunos en la batalla de las ideas en el corto y medio plazo, pero pueden no convencer a una oposición astuta y prolongada en el tiempo.

“A diferencia del actual grupo de autotitulados antiprohibicionistas, los antiprohibicionistas reales de otros tiempos, los hombres y mujeres que lucharon contra la prohibición de la autopropiedad sobre los negros llamada esclavitud, apuntaban al blanco. Convencidos de que la esclavitud era mala, su objetivo fue liberar a los esclavos, no encontrar nuevas justificaciones para imponerles “ayudas” indeseadas.

T. Szasz lo tenía claro, libertad sin regulaciones ni otras ayudas paternalistas.

Libertad y buenos humos

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