Federico el enfermero y las drogas

Artículo escrito para la Revista Cáñamo

Federico es enfermero. Como enfermero, conoce los efectos perjudiciales que conlleva un consumo prolongado en el tiempo con las drogas. Por eso mismo, y sabiendo que la mayoría de sus conciudadanos no es consciente de esos problemas, Federico intenta convencer a sus vecinos para que no produzcan, distribuyan o consuman droga y, que además, le ayuden económicamente a informar por diferentes medios de esos efectos perniciosos.

Algunos vecinos deciden hacer caso a Federico, pero otros no. Esos otros, deciden no ayudar a Federico bien sea porque no están de acuerdo, porque creen que no les merece la pena su tiempo y dinero o porque tienen interés lucrativo, terapéutico, recreacional o religioso en ciertas drogas.

Aunque Federico es consciente de que los productores, distribuidores y consumidores de esas drogas no hacen daño con sus actividades a otras personas, no puede permitir que continúen haciéndose daño a sí mismos. Por eso mismo, Federico decide secuestrar y encerrar en su sótano, por un tiempo que él considera razonable, a quienes decidan continuar ejerciendo tales actividades u opten por no sufragar sus peticiones.

Pareciendo las decisiones de Federico en principio nobles, la mayoría de personas entenderá que la extorsión a la que somete al resto de sus semejantes es injustificable (si es que poseen la suficiente empatía para comprender que no todo lo que nos parece mal merece ser castigado).

Curiosamente se da la paradoja de que, considerando ilegítima esta extorsión, esa misma extorsión, siendo practicada por parte de los agentes del Estado, resulta mayoritariamente aceptada. Siendo el acto el mismo y aceptando que son los actos (y no las personas que los realizan) los sujetos de carga moral, se deberá demostrar que existe alguna diferencia significativa entre la realización del acto por parte de un agente privado que de uno estatal, en tanto se quiera justificar la legitimidad del Estado para llevar a cabo tal empresa.

Una primera idea podría ser que, de algún modo, hemos aceptado implícitamente ese control estatal (porque está claro que explícitamente nadie ha firmado tal consentimiento) otorgando al Estado una cierta autoridad política sobre nuestras vidas que no poseen el resto de agentes.

Con tal de justificar esa autoridad, algunos llegan a afirmar que mientras permanezcas en el territorio reclamado por un Estado, estás aceptando su autoridad política. No obstante, afirmar esto supone aceptar que el Estado no sólo tiene el derecho a reclamar una porción de tierra y autoridad política sobre las personas que en ella nazcan o residan, sino que se debe asumir también, que el individuo que mediante su estancia acepta implícitamente tal autoridad política tiene posibilidades sensatas de disentir y marcharse de esa tierra pudiendo dejar atrás mil cosas y renunciar a tantas otras: amigos, familia, cargas económicas, una cultura que le es propia etc. Si negásemos esto, estaríamos negando la aceptación implícita de esa autoridad.

¿Qué es lo que da el derecho a los agentes del Estado a controlar un territorio y las personas que nazcan o residan ahí? ¿Es sensato suponer que una persona acepta esa autoridad política porque si quiere puede irse dejando a su familia, amigos y quizás ciertas responsabilidades económicas o familiares en el país de origen? De no encontrar una respuesta correcta a ambas preguntas, deberíamos suponer que la carga moral es idéntica entre Federico y los agentes del Estado al no encontrar diferencias significativas entre ambos actos concluyendo, por lo tanto, la ilegitimidad de ambos.

Existe otra justificación que se plantea en las sociedades actuales. Y es la de que las personas otorgan esa autoridad al gobierno mediante el proceso democrático al que obedece. Una vez más, tenemos que analizar el acto, esta vez dentro de un proceso democrático, para ver si esta autoridad política queda justificada:

Imaginemos que las personas que Federico ha convencido para que no produzcan, distribuyan o consuman drogas y que además han aceptado ayudarle económicamente, son mayoría en el lugar y deciden hacer una votación colectiva para permitir a Federico secuestrar y encerrar a las personas que no acepten atender a esas peticiones. ¿Se convierte en legítimo ese acto luego de pasar por un proceso democrático?

En caso negativo, el prohibidor deberá demostrar también una diferencia importante entre el acto democrático en el que participa Federico y en el acto democrático estatal, si es que quiere utilizar el argumento democrático como diferenciador.

Si no consigue contraargumentar las dudas en lo relativo a la invalidez de estas tres presunciones tradicionales en favor de la autoridad política, se deberá buscar otras o aceptar que el Estado no puede realizar estos actos por los mismos motivos por los que Federico tampoco podría realizarlos. Si es que son los actos y no las personas que los realizan los que tienen carga moral.

Libertad y buenos humos

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Un comentario

  1. […] si aceptamos que son los actos los que tienen carga moral y no las personas, nosotros, por tanto, también deberíamos estar igualmente legitimados a hacer efectiva esa prohibición. O lo que viene a ser lo mismo, si está bien secuestrar y encarcelar a los productores, […]

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