Las drogas como propiedad: El derecho que rechazamos

Artículo escrito para la Revista Cáñamo

 

Thomas Szasz

Joan Parès, médico de la CATFAC,  me recomendó leer no hace mucho “Nuestro derecho a las drogas” de Thomas Szasz en una reunión en la que le confesé, no me acuerdo ahora muy bien por qué, que era un apasionado bastante friki de la filosofía política, la ética y la economía.

Pronto mis expectativas hacía ese libro comenzaron a quedarse cortas al observar que la persona que lo había traducido, era nada más y nada menos que el famoso (y polémico) filósofo Antonio Escohotado. Rápidamente, di una ojeada por encima a los primeros capítulos; ahí comprendí que podía convertir mi experiencia leyéndolo, en un vasto arsenal de argumentos a favor de la despenalización de las drogas para todo aquel que estuviese interesado.

Y ese es el objetivo que voy a intentar, comenzando por este artículo, resumiendo uno a uno los capítulos del libro que este profesor de psiquiatría amante de la libertad ha dejado como legado después de morir hace muy pocos años. Espero que os sean de utilidad, o al menos, que disfrutéis leyéndolos.

  • Capítulo I Sección: El derecho a la propiedad

En su más amplio y justo sentido, [la propiedad] abarca todas las cosas a las que un hombre puede asignar un valor… [e incluye aquello] que los individuos sostienen con sus opiniones, su religión, sus pasiones y sus facultades.” (JAMES MADISON)

Seguramente revelaría obstinación sostener que las drogas no deben estar en la lista precedente de Madison. En principio, todo objeto del universo puede tratarse como propiedad. Do s preguntas surgen entonces: ¿De quién es la propiedad X? Y ¿debe ser legal la posesión de X, en tanto que propiedad privada? X puede representar la camisa sobre mis hombros o la acera frente a mi casa, el dinero que gano como jardinero o la marihuana que cultivo en mi jardín.

Nuestro derecho a las drogas

Thomas Szasz introduce en la primera página la idea clave sobre la que girará la tesis de su primer capítulo: el concepto de propiedad. La idea de que, en principio, parece razonable observar que el ser humano otorga valor a las cosas en función de sus pasiones y facultades y que,  en consecuencia de eso, las preguntas que tenemos que hacernos son: ¿Esas cosas valoradas de quién o quiénes son? ¿Es adecuado que se cierta posesión hace esas cosas valoradas?

A partir de aquí, y apoyándose en otros autores, Thomas construye para el lector su tesis para justificar por donde empieza la propiedad:

“Aunque la Tierra y todas las criaturas inferiores sean comunes a todos los hombres, cada hombre tiene una propiedad en su propia persona. Sobre esto nadie tiene ningún derecho salvo él mismo. El esfuerzo de su cuerpo y el trabajo de sus manos, podemos afirmar que son debidamente suyos» John Locke.

La propiedad comienza asumiendo que el ser humano es propietario de sí mismo.  Sensu contrario tendríamos que asumir que (y está es mi propia observación), si nosotros no somos propietarios de nosotros mismos ¿Quién lo es? ¿Quién está autorizado moralmente a decidir por nosotros mismos sino nosotros mismos?

Thomas concluye, luego de exponer varias observaciones de otros autores, el absurdo que supone otorgar la propiedad que tenemos sobre nosotros mismos en otras personas. Que, aunque se revistan de cierta autoridad política, siguen

“¿Quién está autorizado moralmente a decidir por nosotros mismos sino nosotros mismos?”

siendo otras personas que no asumen aquello que nosotros mismos si asumimos por el disfrute de nuestro propio cuerpo:

¿De quién es la propiedad de mi cuerpo? Probablemente es mía… Si experimento con él, ¿quién debe ser responsable? Yo, no el Estado. Si escojo imprudentemente, ¿muere el Estado?” Mark Twain.

Siendo consciente de las críticas que puede suponer defender el derecho de propiedad, deslegitimado en su época y en la actual, Thomas no obvia la intuición a mi juicio correcta de que, en principio, la vida y la libertad parecen más importantes que la propiedad.  Sin embargo, concluye que la propiedad es la manera más sencilla de advertir cuando la vida y la libertad están en peligro. Prueba de ello serán los nefastos resultados de la invasión a la vida y a la libertad que se producen al suponer, por parte del Estado, que las drogas no suponen una propiedad legal para el individuo.

Aquí comienza la parte divertida; las consecuencias que tiene, no sólo por no aceptar que las drogas sean sujeto de propiedad, sino también las consecuencias que tiene aceptar que unas personas pierdan su autopropiedad y sean propiedad de otras personas o qué consecuencias tiene la esclavitud.

“Mi argumento de que las prohibiciones en materia de drogas constituyen un despojo del derecho constitucional a la propiedad depende de que admitamos las drogas como una forma de propiedad. Dependiendo de los valores de cada uno, ésta puede ser o no una proposición obvia. En cualquier caso, si la cuestión de qué se considera como propiedad afecta a costumbres cargadas emocionalmente y a velados intereses económicos, nada es obvio y todo se somete a los

poderes fabulísticos de los legisladores —como ejemplifica el precedente de la esclavitud, que contiene una importante lección para nuestro problema con las drogas.

La esclavitud se apoya, naturalmente, entorno a la definición del negro (por ponerlo en el contexto histórico estadounidense que lo pone Thomas) como propiedad.

“Ellos [negros de raza africana] no están incluidos, y no hubo el propósito de incluirlos, bajo la palabra «ciudadanos», en la Constitución…”

Uno se pregunta al leer estas líneas, hasta qué punto somos “ciudadanos” en un país en el que perdemos la facultad de decidir hacer lo que nos dé la gana con nuestro propio cuerpo, por ejemplo drogándonos, y como de cerca estamos de ser esclavos. Es aquí cuando podemos comenzar a oler un poco la pérdida de libertad mencionada antes, como consecuencia de perder la capacidad de ser propietarios de ciertas drogas o dejar de ser autopropietarios de nuestra voluntad y cuerpo al transformarnos en esclavos.

Desde la ficción de que los negros eran propiedad ajena y desde las leyes basadas en ella que facultaron a los blancos a esclavizarles literalmente, la nación se trasladó a la ficción de que determinadas drogas esclavizaban (metafóricamente) a las personas, y a la legislación basada en ella que ilegalizó drogas conducentes a la esclavitud.”

Medio siglo después de la abolición de la esclavitud en los Estados Unidos (primer bastión de la llamada “Guerra contra las drogas”) podemos ver la extraña conclusión en la que, concluyendo que la esclavitud es mala,

“Pérdida de libertad como consecuencia de perder la capacidad de ser propietarios de ciertas drogas”

se protege a las personas para que no sean una posesión a la voluntad de ciertas drogas ilegalizando que esas mismas personas puedan tener en propiedad ciertas drogas. Aquí hay un claro conflicto: o las personas son propietarias de las drogas o lo son las drogas de las personas. Las drogas no piensan, no respiran, no tienen la capacidad de darnos órdenes, mientras que las personas sí, porque son las únicas que tienen la capacidad hacer estas cosas. Uno podría alegar que un drogodependiente sí está esclavizado por drogas a las que necesita acceder para vivir, ¿Estamos esclavizados entonces por el agua que necesitamos beber? ¿Por la comida que necesitamos comer? ¿Por el amor que necesitamos experimentar?

Metafóricamente es posible, pero en realidad, sólo los seres humanos tienen la capacidad de hacer cosas de seres humanos, como ordenar a otro ser humano que haga o no haga algo, convirtiéndose el primero en dueño parcial del destino del segundo. Cuando el Estado nos prohíbe ser propietarios de las drogas ¿Quién está actuando como un esclavista y quien cómo esclavo?

Thomas Szasz no llega totalmente a esa conclusión, pero sigue sin resultarle cómodo el papel de los agentes del Estado prohibicionista:

¿Cómo puede una persona perder el derecho a su cuerpo? Y que no vacilemos en responder así: una persona puede perder el derecho a su cuerpo del mismo modo que puede perder el derecho a su vida, a su libertad y a su propiedad; a saber: porque alguien le despoje de él. Cuando una persona privada quita la vida, la libertad o la propiedad a un individuo llamamos al primero criminal y al último víctima. Cuando un agente del estado hace tal cosa, y lo hace legalmente, de acuerdo con la ley, lo consideramos como un funcionario que impone la ley cumpliendo con sus deberes, y consideramos a la persona despojada de sus derechos como a un criminal que recibe su justo castigo. Sin embargo, cuando los agentes del estado terapéutico nos despojan del derecho a nuestros cuerpos, no nos vemos como víctimas ni como criminales, sino como pacientes.

Existen motivos por los que vamos perdiendo esa libertad. Otros autores tienen claro aquello que Thomas no expone totalmente: existe una dicotomía para los seres humanos entre seguridad y libertad.El ser humano tiene un anhelo de libertad, pero también lo tiene de servidumbre que, aunque le resulta incómoda, le proporciona supuestamente seguridad. Thomas no deja dudas sobre la opinión que le merece esa servidumbre, añadiendo sus sospechas sobre la tendencia a desnudarnos servilmente ante los políticos en otros aspectos, sobre todo con los impuestos:

“Los impuestos y la prohibición de drogas son intervenciones coactivas del estado, y ambos se justifican ante todo sobre fundamentos paternalistas.”

“…De modo semejante, en el caso de los controles sobre drogas, el estado nos deja comprar aquellas drogas cuyo uso considera seguro para nosotros (drogas sin receta) y retira aquellas drogas cuyo uso considera peligroso para nosotros (drogas de receta y drogas ilícitas). Por consiguiente, en el proceso de imponernos impuestos y despojarnos de drogas el estado expropia también fondos suficientes para proporcionar a los políticos y a otros parásitos del gobierno una vida confortable. No es sin duda un

 

accidente de la historia que sólo un año separe la promulgación de la Enmienda Decimosexta, que creó la autoridad legal para cobrar el impuesto federal sobre la renta (1913), y la aprobación de la Harrison Narcotic Act (1914), que creó la autoridad legal para poner en práctica la primera prohibición federal sobre drogas.”

Para Thomas, el Estado tienen un papel reducido en las drogas, aquel papel que tradicionalmente se le atribuye al típico Estado liberal entendido como un órgano inevitable que sólo debería dedicarse a que “no nos matemos entre nosotros”. Vamos, que deja que vivamos como queramos siempre que no perjudiquemos al de al lado:

En este punto deseo advertir brevemente que reconozco la necesidad de limitar el libre mercado de drogas, del mismo modo que reconozco la necesidad de limitar el libre mercado de muchos otros bienes. El lugar legítimo para este límite, sin embargo, está allí donde el libre acceso a un producto particular presente un «claro y actual peligro» para la inocuidad y seguridad de otros. Sobre tales fundamentos el estado controla el mercado de explosivos, y sobre tales fundamentos puede legítimamente controlar el mercado de plutonio o de productos químicos radiactivos utilizados en medicina. Pero no es ésta la base de nuestros actuales controles sobre drogas.”

A partir de aquí, el rumbo del capítulo va a tomar unos aires demoledores ante la legislación estadounidense para denunciar la injusticia que supone el que una persona decida ser dueña de ella misma, en su propia casa, sin perjudicar a terceros, sin daño propio económico, cultivando y consumiendo sus propias drogas, en una genial historia titulada: El castillo violado (No omitiré ningún fragmento):

Supongamos el siguiente argumento imaginario. Don, un viudo retirado de sesenta y tantos años, vive solo en un barrio residencial. Tiene muchos amigos, goza de buena salud y seguridad económica, y no tiene personas a su cargo. Su hobby es la jardinería en un invernadero anexo a su casa. Siendo un genio en el cultivo, su hogar rebosa de plantas exóticas y flores frescas, y sus tomates son legendarios. Imaginemos además que Don, una persona audaz y emprendedora, adquiere algunas semillas de marihuana, coca y adormidera, las siembra en su invernadero, alimenta los brotes hasta conseguir plantas maduras, las cosecha y produce algo de marihuana, hojas de coca y opio en bruto. Muy dado a la privacidad, Don ni siquiera tolera una asistenta para la limpieza en su casa, aunque bien podría permitírsela económicamente. Por tanto, no hay modo de que nadie, legalmente, tenga conocimiento de su pequeña granja narcótica. Finalmente, supongamos que cierta tarde de sábado, estando solo en su casa, Don fuma un poco de marihuana, o masca algunas hojas de coca o mezcla algo de opio en polvo en su té de medianoche.


¿Qué ha hecho Don y cómo contemplan la legislación criminal y la legislación sobre salud mental su conducta? Poseer tierra y edificios es un derecho de propiedad básico. La privacidad, especialmente desde Griswold v. Connecticut y Roe v. Wade, es también un derecho básico.

 


 


 Así, Don ha ejercido simplemente algunos de sus derechos de propiedad y privacidad: su derecho a su tierra, a su casa y a los frutos de su trabajo en su propia casa. No ha despojado a nadie de su vida, su libertad o su propiedad. Aunque tiene en contra la sabiduría convencional y la desinformación médica, Don tampoco se ha dañado a sí mismo. Sin embargo, la ley penal americana le considera ahora culpable de posesión criminal y uso de substancias controladas e ilegales, mientras la legislación americana sobre salud mental le considera un paciente psiquiátrico que padece dependencia química, abuso de substancias, desórdenes de personalidad y otras aberraciones psicopatológicas aún no descubiertas. Más aún, estigmatiza a Don como persona mentalmente enferma, criminaliza su conducta como la de un maligno violador de la ley, le despoja de su casa, le impone una multa astronómica y le encarcela como delincuente peligroso; todo esto se considera ahora perfectamente legal y constitucional. En este punto es posible que el lector se pregunte cómo los juristas y magistrados del Tribunal Supremo reconcilian tales castigos aparentemente excesivos —y por lo mismo «crueles e inusuales»— con la Constitución.”

Para explicar cómo injustificada y abominablemente el Estado ataca al Sr. Don por la actividad que realiza, hemos de retrotraernos a la dicotomía que he comentado antes: seguridad contra libertad.

Una vez existe un sustrato social con miedo a que ocurra algo, si no hay poderes exógenos que lo impidan (una constitución cerrada o un entorno internacional desfavorable, por ejemplo), a los ciudadanos no les costará nada ceder su libertad a cambio de cierta seguridad que los políticos les ofrecerán de buen gusto a cambio de aumentar su poder personal y convertirse en héroes. No estoy hablando mientras escribo estas líneas de ciudadanos estadounidenses de otra época dóciles e ingenuos, no, estoy hablando de ciudadanos de todas las épocas incluida la actual. Podéis comprobarlo cada vez que miréis las noticias en épocas de incertidumbre o crisis, encontrareis a políticos prometiendo toda clase de seguridades minimizando la libertad que le costará al ciudadano medio del que tiene que rapiñar votos.

Thomas también sospecha este proceso en el último apartado que os ofreceré en esta entrada y que él titula “Justificación de la esclavitud terapéutica” (aquí sí parece que sitúa a los agentes del Estado como “entes esclavizadores”):

¿Cómo puede el gobierno de los Estados Unidos —en principio eximio posesor de los poderes más prudentemente limitados entre todos los gobiernos del mundo— prohibir a un adulto competente cultivar o ingerir una planta común, como la hoja de coca o el cáñamo? ¿Y cómo puede imponer castigos tan asombrosamente desproporcionados —comparados, por ejemplo, con el castigo impuesto a muchos convictos de asesinato— a un individuo que inhala los productos de tales plantas? La respuesta es que allí donde hay una voluntad política apoyada por la opinión pública, e intereses partidistas poderosos, hay un camino legal, pavimentado con las ficciones legales necesarias para hacer el trabajo. Al final del siglo XVIII, operando en el contexto de la vieja práctica esclavista sumada al nuevo principio de asignar escaños en el Congreso por población, los fabricantes de ficciones legales inventaron el ingenioso e ignominioso concepto de los tres quintos de persona. Desde 1914, el deseo de los políticos de controlar el uso de determinadas plantas comunes y sus ingredientes biológicamente activos, junto con la fascinación del público y el miedo a determinadas substancias ingenuamente idealizadas y convertidas en chivos expiatorios, ha conducido a inventar ficciones legales análogas para justificar que se prohíba la producción, incluso para uso privado, de plantas o substancias consideradas peligrosas por el gobierno.

Al final del apartado se concluye que hay que tomar una decisión muy relacionada entre la dicotomía que ya os he repetido varias veces entre seguridad y libertad: decidir si debemos tener libertad de equivocarnos.Está claro que tener derecho a elegir, implica asumir las posibles consecuencias de errar. Esto, que resulta algo obvio, no es agradable para

nadie ¿Por qué no disfrutar de la libertad sólo cuando ésta no deje lugar a poder equivocarnos? Ahí es cuando se dan las condiciones para que entre el anhelo de seguridad y comience a morir la libertad.

“Los derechos suponen oportunidades, así como riesgos. Por eso algunos ven el derecho a la propiedad como algo que nos ofrece prosperidad y libertad, y otros como algo que nos ofrece desarrollos rápidos y quiebras repentinas; porque algunos ven en el derecho a la propiedad de tierras y casas algo que nos ofrecen constructores, agentes inmobiliarios legítimos y propietarios que nos proporcionan casas, mientras otros ven prestamistas sin escrúpulos y caseros codiciosos en barrios pobres, que explotan a los faltos de hogar. De modo semejante, podemos ver el derecho a las drogas como algo que nos ofrece control sobre nuestro destino médico y fisiológico, o como algo que nos ofrece gente que abusa de las drogas y bebés del crack”

Me gustaría concluir este resumen con la última genial parte de Thomas: “Si tratamos de redefinir la libertad de manera que no sea libertad salvo si sus resultados son individual y colectivamente «saludables» —lo cual en el caso de las drogas significa proporcionarnos tratamientos eficaces y econó micos para la enfermedad, y protegernos del abuso de drogas tanto por parte de los pacientes como por parte de los facultativos—, sólo engañamos a quienes son tontos hasta el extremo de creer en milagros. A veces, esa categoría incluye a la mayoría. Entonces solemos hablar, retrospectivamente, de una locura de masas.

En la siguiente entrada os resumiré la parte 2 del capítulo I: “El derecho a las drogas como derecho de propiedad”.

Libertad y buenos humos

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